Feb. 22 2011
Original CARACOL Despojados, desplazados y asesinados para no devolverles sus tierras
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Despojados, desplazados y asesinados para no devolverles sus tierrasOnce personas, todos líderes campesinos, víctimas de desplazamiento y despojo, vinculados a procesos de restitución de tierras, han sido asesinados durante los últimos meses en Colombia.
Los crímenes se han cometido cuando Juan Manuel Santos ganó la Presidencia de la República y en agosto pasado aceptó incluir la Ley de Víctimas y de Tierras en la agenda de proyectos del Congreso, por solicitud del Partido Liberal, como parte de los acuerdos con la Mesa de Unidad Nacional.
Santos dijo entonces que el propósito de la iniciativa es devolver alrededor de 2 millones de hectáreas que fueron despojadas a sus legítimos dueños. En efecto, el proyecto de ley está encaminado a restituir unas 500.000 hectáreas anuales hasta el fin de su mandato, en el año 2014.
Pero no solo estos homicidios han ocurrido de manera paralela a la decisión gubernamental, sino que han sido cometidos en los departamentos y municipios donde testaferros de los paramilitares han intentado a toda costa impedir que se les devuelva la tierra a los campesinos despojados: En el Uraba antioqueño, en San Juan de Napomuceno, en Bolívar, en el Cauca, en Sucre, en el Valle y en Tolima.
Estos crímenes no hacen parte de un fenómeno nuevo y, por el contrario, se han incrementado. Desde 2002, según la Consultoría para los Derechos Humanos, Codhes, no hay nadie procesado ni condenado por 44 asesinatos de líderes de desplazados que reclaman sus tierras.
La persecución a los líderes de Urabá
En Antioquia y Urabá, el 19 de septiembre, asesinaron a Hernando Pérez, un campesino de 47 años, padre de tres hijos. Según medicina legal, fue golpeado con varios objetos hasta terminar con su vida. A su lado, las autoridades hallaron cuatro ojivas calibre 9 milímetros aún sin disparar. Y lo mataron luego de asistir a la entrega de títulos de tierra en un acto público con la presencia del Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien ese día se había reunido de manera sorpresiva con el expresidente Alvaro Uribe para hablarle de la ley que favorecía a las víctimas y que definitivamente no era del agrado del ex mandatario.
Salazar dijo tras el encuentro con el mandatario que se discutieron algunas diferencias, pero que había acuerdos sobre el espíritu de la iniciativa, de generar caminos para restituir las parcelas a quienes les fueron ilegalmente arrebatadas.
Precisamente, Pérez reclamaba la restitución de tierras para 25 familias en la vereda La Ceibita, del municipio de Necoclí, Antioquia. Las familias que él representaba hacen parte de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asoviresti). Denunció una finca que le fue arrebatada a su familia por el ex jefe paramilitar Carlos Ardila, en 1994. El reclamante original era su padre, Arnulfo Pérez, quien había fallecido.
Necoclí hace parte de los municipios en donde el gobierno aspira a entregar un total de 173 predios, junto a San Juan de Nepomuceno, en Bolívar; Líbano, en el Tolima y San Onofre, en Sucre, donde también se han presentado asesinatos.
Antes de este crimen ya se había presentado el de Albeiro Valdés Martínez en la vereda Cirilo, vía Turbo- Necoclí, quien también reclamaba tierras despojadas en esa zona en 1995, exactamente en la vereda El Tigre.
Valdés Martínez era líder de la Asociación de Víctimas por la Restitución de Bienes de Urabá y fue acribillado por sicarios y arrojado a la calle. Según su hermano medio, Juan Guillermo Padilla, Albeiro había recibido poco antes una parte de sus tierras, 35 hectáreas, de manos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Según Padilla, lo más increíble es que 22 días después del asesinato, las tierras volvieron a manos de su presunto verdugo por orden del Alcalde de Necoclí; pasaron de nuevo a manos de Jairo Alberto Echeverri Rico. Existe incluso denuncia judicial contra la persona que recibió las tierras de su familia, por sobre su presunta condición de testaferro.
En los últimos dos años en Urabá asesinaron a ocho reclamantes de tierras. Ahora los desplazados denuncian fraude de títulos para frenar la restitución de los predios.
Al respecto hay denuncias de la Asociación de Víctimas de Urabá y de la Ong Forjando Futuros, según las cuales algunos empresarios bananeros y ganaderos se habrían aliado con grupos paramilitares para apoderarse de miles de hectáreas.
"Los testaferros que hoy fungen como empresarios poseen unas 150.000 hectáreas despojadas a la población y ahora usan a bandas como los 'Urabeños' para mantener esa posesión a sangre y fuego", denuncia Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, que representa a víctimas en la reclamación judicial de tierras.
Lo amarraron a un árbol para torturarlo
En San Juan de Nepomuceno, Bolívar, otro de los lugares donde está ubicado el proceso de restitución a víctimas, fue asesinado Óscar Manuel Maussa Contreras, líder de restitución de tierras y directivo de la Cooperativa Cootragloban. Venía reclamando tierras en la vereda La Esperanza, municipio de Turbo, desde 1997. Fue asesinado, amarrado a un árbol, apedreado y torturado, el 21 de noviembre del 2010. Se había desplazado para proteger su vida y la de su familia desde 2008.
Óscar Maussa era un ingeniero zootecnista. En 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de cuatro familias de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet, Cootragroblan, incluidos varios familiares suyos
En esta zona, el gobierno tiene establecido beneficiar a 473 familias con un total de 8 mil 650 hectàreas de tierra.
En Sucre, la muerte le llegó a Rogelio Martínez, quien desde el 2006 representaba a los desplazados de la Finca La Alemania, por lo que quedó expuesto a diversas amenazas de muerte por parte de paramilitares.
Rogelio fue asesinado a las seis de la mañana en la finca la Alemania, del corregimiento Las Pava, San Onofre. Un testigo citado por la Consultaría para Los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes) dijo que varios encapuchados pusieron un reten cerca del predio y bajaron a Martínez de una mototaxi, golpearon al conductor y mataron de tres tiros en la cabeza.
La finca la Alemania, de 556 hectáreas, pertenecía a 52 familias luego de haberles sido adjudicadas por parte del Incora en 1997, pero desde 1998 hasta 2001 las familias fueron desplazadas por paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María comandados por Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, quien la ocupó y estableció un campamento desde donde planeó y cometió diversos crímenes convirtiéndose en centro de operaciones militares.
El desplazamiento se produjo luego de que en el año 2000, unos 70 paramilitares comandados por Uber Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, ingresaran a la Alemania y asesinaran a los campesinos Vidal Martínez, Oscar Martínez, y Orlando Fernández. Alias Cadena solo salió de la Alemania en 2005 en pleno proceso de desmovilización.
Con el apoyo de la Infantería de Marina los campesinos retornaron a la finca el 16 de febrero de 2006. Inicialmente trabajaban en el día y volvían a San Onofre en la noche. Desde esa fecha Rogelio Martínez se convirtió en el representante legal de la Empresa Comunitaria la Alemania.
El 11 de abril de 2007 Garibaldi Berrío Acosta, socio de la cooperativa, fue hallado muerto luego de haber sido secuestrado en ese predio.
En octubre de 2007, 30 hombres armados, algunos encapuchados y otros reconocidos por haber sido colaboradores de alias “cadena” ingresaron a la Alemania y amenazaron a varios campesinos.
La finca actualmente tiene una medida cautelar que impide venderla porque hay una amenaza de embargo, ya que tras su desplazamiento los campesinos adquirieron deudas con el Banco Agrario por los dineros con los que adquirieron la propiedad.
En el año 2007 y pese al desplazamiento y la ocupación de los “paras”, el Banco Agrario le vendió la deuda a la empresa privada Cisa, central de Inversiones, y esta luego la vendió a Covinoc, una empresa de cobranza.
En Sucre y Bolívar fueron despojadas 34 mil hectáreas, 93 títulos por ser legalizados y devueltos; y hay 1.850 familias beneficiadas hasta el momento. Según el Incoder.
La violencia en El Naya, Cauca
En el departamento del Cauca mataron a Alexander Quintero, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya, coordinador de la Asociación de Víctimas de la Masacre del Alto Naya, desplazado de la masacre de El Naya y uno de los testigos clave de lo que había sucedido con las tierras en Cauca.
Iba para su casa en Santander de Quilichao cuando lo desconocidos que se movilizaban en una motocicleta lo asesinaron. Días antes había recibido amenazas contra su vida por las ‘Águilas Negras’.
La masacre del río Naya, ocurrida en abril de 2001 causó la muerte a por lo menos 110 campesinos entre mestizos, mulatos e indígenas que vivían en las selvas del noroccidente caucano, en jurisdicción del municipio de Buenos Aires.
La masacre del Naya comienza en Timba, Cauca, donde los paramilitares mandados por alias Bocanegra, le cortan las manos y la cabeza a Gladys Ipia en la vereda Los Robles; en Patio Bonito degüellan a Eudilio Rivera; más adelante, en el Crucero del Playón son torturados y degollados Jorge Valencia, Evelio Güetia. Así, paso a paso, buscando el Camino Real del Naya, los paramilitares avanzan. Cruzan el quiebre de aguas de la cordillera Occidental por San Miguel el Miércoles Santo, 7 de abril de 2001.
Algunos cuerpos destrozados son dejados a lo largo del camino como testimonio del terror; otros son botados en el cañón del Naya. La Fiscalía reconoce 30 asesinatos; los campesinos denuncian más de 100. El ejército paramilitar estaba compuesto por más de 400 hombres que marchaban en escuadras de unos 20 ó 30, debidamente uniformados y armados.
También en el Cauca, fue asesinado en agosto de 2010 Beto Ufo Pineda, dirigente de la Organización Nueva Florida, murió a los 48 años como consecuencia de varias heridas de machete y cuchillo. Su cuerpo fue encontrado en la zona rural de Popayán. Pineda se dirigía a realizar sus labores agrícolas en la finca ‘El Rosal’ ocupada por diez familias desplazadas, que le había sido entregadas por Gobierno colombiano en 2007.
Era el abanderado de los procesos de los desplazados en el Cauca y residía en un sector de Santa Bárbara, a un kilómetro al oriente de Popayán. Había recibido amenazas y tenía medidas de protección.
En el Cauca, hay 212 predios despojados para un total de 1633 hectáreas en proceso para devolver y beneficiar preliminarmente a 212 familias.
En Benaventura, Valle del Cauca, fue asesinado el líder Jair Murillo, el 17 de julio de 2010. El crimen se produjo a las 10 de la mañana en el barrio Lleras. Las autoridades aseguran, que luego de las investigaciones realizadas, se estableció que el asesinato tuvo que ver con asuntos de tragos, en una fiesta y que no tiene relación con su labor de restitución de tierras. Por este hecho fueron capturadas dos personas y la investigación se cerró. Sin embargo, las organizaciones sociales piden retomar el caso y produndizar en la investigación.
Murillo era el representante legal de la Fundación Integral Pacífico Nariñense (FIPAN), organización de población afrocolombiana desplazada de la ciudad de Buenaventura.
En su momento se dijo que el asesinato constituyó un duro golpe para todas las familias, comunidades y organizaciones de población afrocolombiana desplazada, pues Murillo trabajaba por la restitución de tierras y protección de los derechos de las comunidades negras.
Los hermanos que anhelaban volver a sus tierras
En el departamento de Tolima, el 10 de enero pasado fueron asesinadas tres personas: Johnel Delgado Villamil, José Alfonso Delgado Villamil y Andrés Alfonso Arenas Buelvas
Estas tres personas cayeron a manos de sicarios en el municipio del Libano. Eran desplazados por la violencia de la región del Magdalena Medio y hacia pocos meses habían llegado a la region. Según el informe de la necropsia entregado por el Instituto de Medicina Legal, fueron asesinados de varios impactos de bala.
Las tres víctimas no eran propietarios de tierras en este departamento y no se sabe qué terrenos poseían en el Magdalena Medio.
Un líder de Saravena fue asesinado frente a su hijo
En Arauca, el presidente de la Asociación de Familias Desplazadas de Saravena, Edgar Bohórquez Palma, fue asesinado de un disparo en la espalda el pasado 24 de septiembre de 2010, por sicarios cuando se desplazaba en una motocicleta en el barrio San Luis de Saravena. Su hijo Edwin, de 4 años, resultó herido. Bohórquez lideraba un proceso de reclamación de tierras para varios desplazados de la región.
Precisamente las tierras de las cuales fueron despojados los campesinos por paramilitares en Saravena, Fortul, Tame y Arauquita. Bohórquez ya había pedido protección por amenazas y no la recibió Bohórquez, tenía 50 años y era padre de cuatro hijos.
Este crimen ocurrió precisamente cuando el gobierno tomaba las primeras medidas y traspasaba tierras que estaban en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes al Incoder para que las devolviera.
En Arauca, según el Incoder, hay 140 predios de hectáreas despojadas o predios. Devueltas o procesos: 1.404 hectáreas Familias beneficiadas hasta el momento: 140
El arribo de las autodefensas en Arauca se hace visible en el 2001, incursionando desde Hato Corozal y Paz de Ariporo en Casanare, entrando por Tame y expandiéndose hacia Saravena, Fortul y Puerto Rondón, principalmente, municipios en los que han ejercido una notable influencia.
Han centrado su estrategia en acciones tendientes a amedrentar a la población recurriendo a homicidios selectivos y masacres, como forma de restarle bases de apoyo a la guerrilla. En varias ocasiones se han enfrentado a la insurgencia en la disputa por el control territorial y por los recursos derivados de los negocios de la droga y el petróleo.
Otros reclamantes asesinados
Juan Jiménez Vertel, fue desplazado y despojado de una finca en Chigorodó, según su denuncia, por paramilitares de Vicente Castaño. Denunció amenazas cuando inició la reclamación. Fue asesinado 19 de agosto de 2008, en Apartadó.
Benigno Gil, asesinado el 22 de noviembre de 2008 en Chigorodó. Fue un líder de 1.200 campesinos de Mutatá desplazados de sus fincas. Por su asesinato fue capturado un desmovilizado, integrante de banda los "Urabeños".
Jaime Antonio Gaviria. Su homicidio ocurrió el 5 de diciembre 2008, en el municipio de Chigorodó. Era reclamante de tierras, líder de la Mesa Campesina y fue testigo sobreviviente del asesinato de Benigno Gil, 15 días antes de su muerte.
Adriano Pino. Reclamaba tierras usurpadas por grupos paramilitares en zona rural de Belén de Bajirá (Chocó). Por intermedio de la CNRR pidió protección por amenazas. Fue asesinado el 23 de febrero de 2009, en Medellín.
Ana Gómez. Fue asesinada el día 14 de abril de 2009, en límites de Los Córdobas y Arboletes, zona en donde se ubican predios que reclamaba como despojada. Había iniciado trabajo para liderar a otros desplazados.
IDENTIDAD Y PATRIMONIO
Hace 10 años
