Es la política, ¡estúpido!
Publicado el 01 de Julio de 2008
La criminalización de la política y la búsqueda de su legitimación popular y legal es el trasfondo de la crisis institucional que atraviesa el país. Si la política no estuviera criminalizada, las decisiones de los jueces tendrían que ver con matones, ladrones, abusadores, narcotraficantes, pero no con políticos. Hoy tenemos casi a diario fallos judiciales con impresionantes efectos políticos porque los fallos versan sobre las acciones ilegales y hasta criminales en que incurren los políticos para tomarse y manejar el poder.
Esos políticos siguen en el poder porque cuentan con respaldo popular, es decir, porque, a pesar de sus acciones ilegales, tienen legitimidad popular. Pero en un Estado de Derecho no basta la legitimidad popular; se requiere también legitimidad legal.
La justicia no ha podido impedir que la criminalidad se tome la política, ni que la política criminalizada se tome el poder; su papel se ha reducido a evitar la legitimación legal de la acción política ilegal.
Por cuenta de esa intervención de la justicia, la esfera política ha usado todos los medios a su disposición para demostrar que el problema no está en la política, sino en la justicia.
El punto culmen de esa valoración lo puso el Presidente la semana pasada al desconocer un fallo de la justicia, atacar a sus jueces, denunciarlos ante el Congreso y proponer un referendo para relegitimar un acto ilegal.
La Corte Suprema de Justicia no está cuestionando la legitimidad popular del Presidente, sino la legitimidad legal del acto legislativo que lo autorizó a reelegirse. Ese asunto legal deberá resolverlo la Corte Constitucional, y cualquiera sea su decisión, el mandato popular del Presidente seguirá vigente hasta el 2010.
Aun si la Corte Constitucional revisara la constitucionalidad del acto legislativo que aprobó la reelección y decidiera que por un hecho sobreviniente -la compraventa del voto de Yidis Medina o el llamado cohecho- perdió legalidad, quedaría en entredicho la figura de la reelección hacia el futuro, no hacia el pasado. Dudo de que la Corte Constitucional tome ese camino porque, por encima de un acto ilegal entre unos individuos, a los que están juzgando las instancias encargadas, está la seguridad jurídica de las normas constitucionales y del país.
Cuando toda la evidencia (la 'parapolítica', la 'farcpolítica', la 'Yidispolítica') prueba que el problema central está en la política, el Presidente hunde la reforma política, deja al Congreso inmerso en su peor crisis de legitimidad y propone una reforma institucional y judicial. Y cuando la Corte Suprema de Justicia emite un fallo que pone de presente que también el Gobierno, no solo los congresistas, incurre en actos ilegales para hacer política, entonces el Presidente le apuesta a salirse por completo de la esfera judicial y pasar todo al terreno electoral, que es donde tiene ventaja.
Si por la condena por cohecho de la ex congresista Yidis Medina el Presidente propone un referendo y señala de terroristas a los magistrados, ¿qué va a hacer si el Procurador y el Fiscal condenan a sus ministros por cohecho? ¿También va a demandarlos por terroristas? ¿Va a convocar otro referendo? ¿Va a cerrar las cortes, la Procuraduría y la Fiscalía?
La reelección del presidente Uribe en el 2006 no tiene reversa ni está en entredicho. Pero Colombia no tiene futuro como democracia si cada vez que al Presidente de turno no le guste o lo afecte un fallo judicial, este procede a demandar a los jueces, desconocer sus fallos y transformar su contenido en un debate político que se defina no por lo que digan las leyes, sino por lo que digan las mayorías.
No sobra recordarle al Presidente que cualquier poderoso puede gobernar sólo con las mayorías, pero sólo un demócrata puede gobernar además con la Ley. Y, parafraseando al presidente Clinton, tampoco sobra recordar que es la política, ¡estúpido!, no es la justicia.
Claudia López.
Publicado el 01 de Julio de 2008
La criminalización de la política y la búsqueda de su legitimación popular y legal es el trasfondo de la crisis institucional que atraviesa el país. Si la política no estuviera criminalizada, las decisiones de los jueces tendrían que ver con matones, ladrones, abusadores, narcotraficantes, pero no con políticos. Hoy tenemos casi a diario fallos judiciales con impresionantes efectos políticos porque los fallos versan sobre las acciones ilegales y hasta criminales en que incurren los políticos para tomarse y manejar el poder.
Esos políticos siguen en el poder porque cuentan con respaldo popular, es decir, porque, a pesar de sus acciones ilegales, tienen legitimidad popular. Pero en un Estado de Derecho no basta la legitimidad popular; se requiere también legitimidad legal.
La justicia no ha podido impedir que la criminalidad se tome la política, ni que la política criminalizada se tome el poder; su papel se ha reducido a evitar la legitimación legal de la acción política ilegal.
Por cuenta de esa intervención de la justicia, la esfera política ha usado todos los medios a su disposición para demostrar que el problema no está en la política, sino en la justicia.
El punto culmen de esa valoración lo puso el Presidente la semana pasada al desconocer un fallo de la justicia, atacar a sus jueces, denunciarlos ante el Congreso y proponer un referendo para relegitimar un acto ilegal.
La Corte Suprema de Justicia no está cuestionando la legitimidad popular del Presidente, sino la legitimidad legal del acto legislativo que lo autorizó a reelegirse. Ese asunto legal deberá resolverlo la Corte Constitucional, y cualquiera sea su decisión, el mandato popular del Presidente seguirá vigente hasta el 2010.
Aun si la Corte Constitucional revisara la constitucionalidad del acto legislativo que aprobó la reelección y decidiera que por un hecho sobreviniente -la compraventa del voto de Yidis Medina o el llamado cohecho- perdió legalidad, quedaría en entredicho la figura de la reelección hacia el futuro, no hacia el pasado. Dudo de que la Corte Constitucional tome ese camino porque, por encima de un acto ilegal entre unos individuos, a los que están juzgando las instancias encargadas, está la seguridad jurídica de las normas constitucionales y del país.
Cuando toda la evidencia (la 'parapolítica', la 'farcpolítica', la 'Yidispolítica') prueba que el problema central está en la política, el Presidente hunde la reforma política, deja al Congreso inmerso en su peor crisis de legitimidad y propone una reforma institucional y judicial. Y cuando la Corte Suprema de Justicia emite un fallo que pone de presente que también el Gobierno, no solo los congresistas, incurre en actos ilegales para hacer política, entonces el Presidente le apuesta a salirse por completo de la esfera judicial y pasar todo al terreno electoral, que es donde tiene ventaja.
Si por la condena por cohecho de la ex congresista Yidis Medina el Presidente propone un referendo y señala de terroristas a los magistrados, ¿qué va a hacer si el Procurador y el Fiscal condenan a sus ministros por cohecho? ¿También va a demandarlos por terroristas? ¿Va a convocar otro referendo? ¿Va a cerrar las cortes, la Procuraduría y la Fiscalía?
La reelección del presidente Uribe en el 2006 no tiene reversa ni está en entredicho. Pero Colombia no tiene futuro como democracia si cada vez que al Presidente de turno no le guste o lo afecte un fallo judicial, este procede a demandar a los jueces, desconocer sus fallos y transformar su contenido en un debate político que se defina no por lo que digan las leyes, sino por lo que digan las mayorías.
No sobra recordarle al Presidente que cualquier poderoso puede gobernar sólo con las mayorías, pero sólo un demócrata puede gobernar además con la Ley. Y, parafraseando al presidente Clinton, tampoco sobra recordar que es la política, ¡estúpido!, no es la justicia.
Claudia López.
(Artìculo tomado de El Tiempo, versiòn digital e imàgen de Julio Cèsar de www.matadorcartoons.blogspot.com)
